Sobreviviendo en el ‘paraíso’

Gran parte de la inmigración ilegal se dedica a la venta ambulante para subsistir mientras los comerciantes advierten del perjuicio que sufren sus establecimientos y Cáritas reclama más oportunidades para este colectivo “estigmatizado”

Sacrificó todo lo que tenía para conseguir un billete de avión y llevar a cabo una misión que creyó fácil. La tarea se le antojaba simple: llegar a la isla, encontrar trabajo, ganar dinero y volver a su país para comprarle una casa a su familia. ¿La idea? “Lo vi en televisión. En Mallorca hay muchos turistas”, explica Diafyje de 27 años que es parte de un colectivo endeble que cuenta con el apoyo de pocos, el desprecio de unos y el prejuicio de la mayoría.  Son inmigrantes que viven de la venta ambulante. Los ‘top mantas’. La suya es la historia más común, con rasgos que se reproducen en el resto de vivencias de otros vendedores.

Sus primeros ingresos los obtuvo gracias a la labranza pero “cuando se terminó” pasó a la venta ambulante que –tras la hecatombe en el sector de la construcción– resulta ser la única salida junto al robo de cobre, la venta de drogas o el trabajo de jornalero. Ahora, se pasa nueve horas al día recorriendo las calles de Palma tratando de ganar dinero a base de productos falsificados.

Vive en Son Gotleu, un barrio multicultural y marginal, en el que  viven -si bien no conviven-  muchos inmigrantes de distinta etnia. Su hogar es un piso de cuatro habitaciones que comparte con otros siete vendedores; entre todos pagan los 800 mensuales que cuesta la factura. Gana  hasta 30  euros en un día de suerte pero la media es de 200 o 300 mensuales que van a parar a la familia, a la comida y a los productos  con los que se gana la vida. 

Él es de los malíes que, según Cáritas Mallorca, fueron de los primeros en llegar. Aunque actualmente, de acuerdo con la organización humanitaria, más del 90% son senegaleses y el 20% de ellos tiene estudios básicos e incluso universitarios. El presidente de la Asociación Senegalesa Mallorquina (ASEMA), Madiop Diagne, aclara que “a muchos les han contado que España es el paraíso terrenal, pero cuando han venido se han encontrado con la cruda realidad”.

Su situación en la sociedad mallorquina puede llegar a ser un auténtico martirio. Diagne  explica que “la mayoría de los que vienen sufren una crisis tremenda tras dos meses y sienten la necesidad de tener que volver a casa”. Algo que es prácticamente imposible por lo cual  solo queda “armarse de valor porque la inmigración negro africana nunca es una inmigración individual. Detrás de la persona hay los sueños de toda una familia”.

Sueños frágiles que muchas veces saltan por los aires con la misma facilidad que fragilidad. La llegada a España o una isla como Mallorca en este caso, supone un baño de realidad para los inmigrantes como Diafyje. Descubren que sin papeles no son nadie, que hacen falta tres años para poder regularizar su situación, y que para ello deben cumplir requisitos como no tener antecedentes penales, estar empadronado, poseer un informe de integración y haber tenido un año de contrato de trabajo. Pura ciencia ficción para ellos.

“El chico que está en Mali no se entera de tantas leyes. Solo ve la proyección de los medios de comunicación”, explica Diagne . A lo que añade que “la gente cuando pierde la esperanza,  ya no hay muros que les puedan parar. Si no es una mafia, es una patera o detrás en un avión. Se van de cualquier manera posible”.

“Tenemos una ley de extranjería muy farragosa y muy incomprensible”

Lo más visto pero no por ello más habitual, son las pateras cuyo ‘pasaje’, según expone Cáritas Senegal en un manual de inmigración,  tienen un coste de entre  800 y 2000 euros.  Las embarcaciones acogen hasta 110 personas dependiendo del tamaño del navío. Y muchos de los que van en ellas creen que sólo Dios puede ayudarles en esa travesía de entre tres y 15 días que pueden resultar letales.

Es un tipo de inmigración que, según la coordinadora del equipo comunitario de Cáritas Mallorca, Barbara Picornell, tuvo su punto álgido en 2006 cuando diariamente llegaba a Mallorca una patera con cinco o seis personas. Ahora esto se produce cada dos o tres meses. El motivo, según aclara, es que desde 2008 se impuso más control en las fronteras de África, lo que ha supuesto una reducción notable de la inmigración por pateras y deja el protagonismo a los aeropuertos a pesar de que los vuelos son más caros.

“No me diréis que todos los inmigrantes entran en pateras. En Madrid entran a millares cada día, sin papeles”, afirma la presidenta de la Asociación Balear de Vendedores Ambulantes (ABVA) y de la Asociación de Inmigrantes Residentes de las Islas Baleares (AIRCIB), Enriqueta Garrido. Ella cree que “las autoridades lo saben pero se tapan los ojos” y además precisa que “el problema viene porque tenemos una ley de extranjería muy farragosa y muy incomprensible” teniendo en cuenta que “se ve exactamente el que viene de vacaciones o no”.

Con ello, es posible que personas  como Diafyje, que pasó los controles del aeropuerto en calidad de turista, lleven ya  13  años en una situación quebradiza. Aunque sea detenido, como veremos, probablemente volverá a acabar en la calle para sucumbir a un círculo vicioso de subsistencia diaria. Es el destino que jamás intuyó pero que siempre tuvo que asumir.

La zozobra de los problemas cotidianos que laten detrás de todos los vendedores como Diafyje es persistente. “Tienen un estrés continuo a nivel personal muy malo de llevar. Una angustia continua que se hace muy dura en muchas situaciones” explica Barbara Picornell.  Incluso el presidente de ASEMA destaca este tormento que se produce por distintas aflicciones como enviar dinero a su país, comprar el producto, la presión policial, la nostalgia familiar, la soledad, no sentirse entendido y “la angustia que tienen todos los ciudadanos de este siglo XXI para pagar sus facturas”.

“Roba cuota de mercado a los comerciantes y daña la imagen”

Pero además, por si fuera poco, a todo lo anterior se une otro  aspecto que intensifica, más si cabe, la presión sobre su actividad. Se trata de las críticas por parte de los comerciantes. Entre ellos, está la Asociación Empresarial del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (PIMECO). Su responsable de Comunicación, Cristóbal Ripoll, explica que “aunque no hay datos”  esta práctica ilegal “roba cuota de mercado a los comerciantes, daña la imagen de nuestros pueblos y de nuestras calles”.

Por ello, desde la patronal fijan a esta práctica irregular como su “caballo de batalla central” y como “uno de los principales problemas que tiene el comercio en la isla” en una situación “de fuerte crisis y de cierres constantes de comercios en Mallorca”. De ahí que “toda actividad ilegal que suponga hacer menos caja es en estos momentos un problema especialmente grave para ellos”.

Así las cosas, según explica Ripoll, han estado en contacto con los alcaldes de Mallorca para instarles a adoptar medidas como las que se propusieron el pasado verano a todos los ayuntamientos, y que pretenden “concienciar al comprador” sancionando tanto al que compra como al que vende. De momento solo Son Servera ha acogido  la medida.

Entretanto, otras asociaciones creen que el problema va mucho más allá. Que estas medidas propuestas por PIMECO no son correctas y no solucionan el problema de fondo. Así lo cree  Enriqueta Garrido (AIRCIB Y ABVA), quien argumenta que este tipo de venta “no hace daño a nadie” y que si los comercios se quejan es porque “no se han reciclado realmente y se ven forzados a competir con la venta ilegal”.

Afirmaciones que, según la patronal, son “extravagantes” porque aunque se tengan que reciclar “jamás estará justificada una actividad ilegal”. Eso sí, reconocen que aquí hay un “problema social” y explican que no tienen “ningún problema con el origen o la condición de los vendedores ambulantes ilegales” sino que luchan “en contra del comercio ilegal sea quien sea el que lo practique y cómo lo practique”, afirma Ripoll.

Es decir, comprenden el problema pero luchan por sus intereses. He aquí la cruzada de propósitos. Los vendedores libran la batalla de la supervivencia y los comerciantes la de no tener que echar el cerrojo para siempre o, como mínimo, la de no perder ingresos. Ambos miran sus bolsillos.

Incluso Cáritas reconoce este enfrentamiento. “Los comerciantes se quejan porque venden unos productos similares y, además, pagan unos impuestos. Lo que genera un conflicto”, explica Bàrbara Picornell.

Junto a todo, hay un tema que nadie menciona pero que todos conocen. Un asunto que daña al comercio legal y engorda la ya obesa economía sumergida. Cuando se trata de saber de dónde provienen los productos, todas las fuentes consultadas apuntan al comercio chino como el gran suministrador. Desde relojes, bolsos y gafas falsificadas hasta mecheros, bolas de goma, gorros, figuras de madera, cd’s, y dvd’s, entre otros. “Lo que quiera la gente”, afirma Dyafyje.

“El material sale de los chinos. Aquí hay otro negocio”

Lo más vendido son  los bolsos y las gafas. Los primeros los venden por diez euros y los compran por  la mitad. Las gafas, las venden por tres o cinco euros y las compran por uno o dos.  “El material sale de los chinos. Aquí hay otro negocio. Lo compran a escondidas. ¿Tú ves en los chinos marcas falsificadas? Van a las tiendas que tienen estos productos escondidos y solo lo venden a aquellos que se dedican a esto”, señala la también coordinadora del grupo comunitario Cáritas Mallorca, Catalina Mateu. El propio Diafyje admite que compran el material en el “almacén de los chinos”. Y lo hacen en grupo para conseguir mejores precios.

Solo en zonas como Pedro Garau, según PIMECO, hay  hasta 57 comercios del país asiátco cuando en el año 2000 había dos. Es decir, el número de comercios chinos en Pere Garau se ha multiplicado por 28 en una década. Una viva muestra del auge de estos establecimientos.

 En este escenario, el secretario de ABVA especula con que “si vas rascando hay mucha economía sumergida. Se sabe pero nadie la ha visto. Hay alguien que la tiene que trabajar y hay alguien a quien le interesa que haya ilegales aquí. Empecemos por ahí, es que todo es una cadena” pero lo que pasa es que “los mal vistos son los negritos vendiendo ropa”. 

Es una polémica que permanece oculta, en otro plano.  Un debate que no encierra ninguna solución. Como tampoco lo hace el problema que late detrás: el de inmigración e integración social. Catalina Mateu, considera que “el color de la piel aún les condiciona a pesar de estar en el año que estamos” y que  “externamente la actividad que hacen ayuda a crear estereotipos alrededor de estas personas, que están estigmatizadas”.

Por ahora, las medidas actuales, fundamentalmente de corte policial, no ofrecen demasiadas garantías para nadie. Cuando se detiene a un vendedor irregular, según la  jefa del Gabiente de Prensa de la Jefatura Superior de Policía de las Islas Baleares, Janka Jurkiewicz González, “se procede la incoación de un expediente de expulsión que debe resolver la Delegación de Gobierno, estableciendo un periodo de prohibición de entrada en España por un tiempo determinado. Posteriormente se intenta la ejecución de la expulsión.” Un procedimiento que, según Cáritas Mallorca, en la inmensa mayoría de ocasiones no se lleva a cabo por cuestiones económicas.

“¿Por qué llevarlos a un centro de internamiento?”

Lo más habitual, como explica Picornell, es que los detenidos acaben en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en el cual, por ley, solo pueden estar retenidos 60 días. Pasado es plazo, se concede la libertad al interno  por la dificultad de acreditar su identidad o nacionalidad que permitiría saber a qué país devolverle o por falta de fondos.

Esta situación ha llevado al Gobierno de Rajoy a priorizar la deportación de aquellos que delinquen y no exportar a aquellos que puedan demostrar arraigo en España. En este contexto, el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, se preguntó recientemente ante la prensa “¿por qué llevarlos a un centro de internamiento?” y planteó implantar  “mecanismos más suaves y proporcionales” teniendo en cuenta las duras condiciones de estos centros.

 Hasta el presidente de ASEMA admite que “muchos tienen un expediente de expulsión y otros muchos acumulan multas que se tienen que pagar”. De modo que, la solución al problema de fondo no parece estar en las medidas policiales. Si los detienen acumulan sanciones o van dos meses a un CIE para acabar donde estaban antes: en la calle, en una cultura diferente, en un conflicto de intereses con los comerciantes y con la necesidad de sobrevivir para cumplir con su familia. .

El futuro para Diafyje no es muy prometedor a pesar de que él confía en que en un año pueda salir de aquí. Desde Cáritas reconocen que las perspectivas son “muy malas” teniendo en cuenta que lo que habría que hacer “de cara para mejorar la situación es ofrecer más oportunidades. Algo irreal en un contexto en el que se rebajan las ayudas y los servicios sociales”, afirma Picornell. De hecho, aquí la inversión pública en servicios sociales es la más baja de España con 120 euros por habitante, según la Asociación de Directores y Gerentes e Servicios Sociales

“¿Dónde está la cohesión social?”

Ella asegura que “hace cinco años la situación era impensable” y que “se han perdido muchos valores por el camino”.  Asimismo, advierte de que ya hay muchos que “están muy desgastados porque llevan cinco o seis años sin papeles, no han visto su familia y no pueden volver”.

Diagne, por su parte, se muestra crítico al hablar de convivencia.  “¿Integrarme a qué? ¿A la sociedad individualista y consumista? Eso no me interesa. ¿Dónde está la cohesión social? Me gustaría vivir en una sociedad con valores, respeto, igualdad de trato, dignidad y obligaciones. Como no la veo no tengo claro que la gente tenga idea de lo que es la integración. El problema fundamental es la crisis de valores”, sentencia.

En conjunto, para  Diagne “la venta ambulante va más allá de la venta ambulante. La cuestión está en qué tipo de sociedad queremos construir con tanta inmigración. Qué tipo de integración. Aquí están los problemas de fondo que no interesan porque no dan votos”, explica. Es más, mantiene que “no hay solución para la venta ambulante ni para la inmigración” ya que no se han “tomado las medidas oportunas”.

Claro está que de momento habrá que contar únicamente con las escasas labores de ayuda humanitaria que realizan organizaciones como Cáritas , donde  se reúnen con ellos para enseñarles la lengua, culturas o derechos. “Tienen muchas ganas de aprender. Cuando montamos cursos se llenan. Tienen ganas de salir de su casa y de dejar de pensar. Son muy conscientes de la falta de expectativas”, recalcan desde Cáritas. 

Anatol Rohé (3º de periodismo)                          Es Mascle Ros