Sobreviviendo en el ‘paraíso’
Gran parte de la
inmigración ilegal se dedica a la venta ambulante para subsistir mientras los
comerciantes advierten del perjuicio que sufren sus establecimientos y Cáritas
reclama más oportunidades para este colectivo “estigmatizado”
Sacrificó todo lo que
tenía para conseguir un billete de avión y llevar a cabo una misión que creyó
fácil. La tarea se le antojaba simple: llegar a la isla, encontrar trabajo,
ganar dinero y volver a su país para comprarle una casa a su familia. ¿La idea?
“Lo vi en televisión. En Mallorca hay muchos turistas”, explica Diafyje
de 27 años que es parte de un colectivo endeble que cuenta con el apoyo de
pocos, el desprecio de unos y el prejuicio de la mayoría. Son inmigrantes que viven de la venta
ambulante. Los ‘top mantas’. La suya es la historia más común, con rasgos que
se reproducen en el resto de vivencias de otros vendedores.
Sus primeros ingresos
los obtuvo gracias a la labranza pero “cuando se terminó” pasó a la venta
ambulante que –tras la hecatombe en el sector de la construcción– resulta ser
la única salida junto al robo de cobre, la venta de drogas o el trabajo de
jornalero. Ahora, se pasa nueve horas al día recorriendo las calles de Palma
tratando de ganar dinero a base de productos falsificados.
Vive en Son Gotleu,
un barrio multicultural y marginal, en el que
viven -si bien no conviven-
muchos inmigrantes de distinta etnia. Su hogar es un piso de cuatro
habitaciones que comparte con otros siete vendedores; entre todos pagan los 800
mensuales que cuesta la factura. Gana
hasta 30 euros en un día de
suerte pero la media es de 200 o 300 mensuales que van a parar a la familia, a
la comida y a los productos con los que
se gana la vida.
Él es de los malíes
que, según Cáritas Mallorca, fueron de los primeros en llegar. Aunque
actualmente, de acuerdo con la organización humanitaria, más del 90% son
senegaleses y el 20% de ellos tiene estudios básicos e incluso universitarios.
El presidente de la Asociación Senegalesa Mallorquina (ASEMA), Madiop
Diagne, aclara que “a muchos les han contado que España es el paraíso
terrenal, pero cuando han venido se han encontrado con la cruda realidad”.
Su situación en la
sociedad mallorquina puede llegar a ser un auténtico martirio. Diagne explica que “la mayoría de los que vienen sufren
una crisis tremenda tras dos meses y sienten la necesidad de tener que volver a
casa”. Algo que es prácticamente imposible por lo cual solo queda “armarse de valor porque la
inmigración negro africana nunca es una inmigración individual. Detrás de la
persona hay los sueños de toda una familia”.
Sueños frágiles que
muchas veces saltan por los aires con la misma facilidad que fragilidad. La
llegada a España o una isla como Mallorca en este caso, supone un baño de
realidad para los inmigrantes como Diafyje. Descubren que sin papeles no son
nadie, que hacen falta tres años para poder regularizar su situación, y que
para ello deben cumplir requisitos como no tener antecedentes penales, estar
empadronado, poseer un informe de integración y haber tenido un año de contrato
de trabajo. Pura ciencia ficción para ellos.
“El chico que está en Mali
no se entera de tantas leyes. Solo ve la proyección de los medios de
comunicación”, explica Diagne . A lo que añade que “la gente cuando pierde la
esperanza, ya no hay muros que les
puedan parar. Si no es una mafia, es una patera o detrás en un avión. Se van de
cualquier manera posible”.
“Tenemos una ley de
extranjería muy farragosa y muy incomprensible”
Lo más visto pero no
por ello más habitual, son las pateras cuyo ‘pasaje’, según expone Cáritas
Senegal en un manual de inmigración,
tienen un coste de entre 800 y
2000 euros. Las embarcaciones acogen
hasta 110 personas dependiendo del tamaño del navío. Y muchos de los que van en
ellas creen que sólo Dios puede ayudarles en esa travesía de entre tres y 15
días que pueden resultar letales.
Es un tipo de
inmigración que, según la coordinadora del equipo comunitario de Cáritas
Mallorca, Barbara Picornell, tuvo su punto álgido en 2006 cuando
diariamente llegaba a Mallorca una patera con cinco o seis personas. Ahora esto
se produce cada dos o tres meses. El motivo, según aclara, es que desde 2008 se
impuso más control en las fronteras de África, lo que ha supuesto una
reducción notable de la inmigración por pateras y deja el protagonismo a los
aeropuertos a pesar de que los vuelos son más caros.
“No me diréis que
todos los inmigrantes entran en pateras. En Madrid entran a millares
cada día, sin papeles”, afirma la presidenta de la Asociación Balear de
Vendedores Ambulantes (ABVA) y de la Asociación de Inmigrantes
Residentes de las Islas Baleares (AIRCIB), Enriqueta Garrido. Ella cree que
“las autoridades lo saben pero se tapan los ojos” y además precisa que “el
problema viene porque tenemos una ley de extranjería muy farragosa y muy
incomprensible” teniendo en cuenta que “se ve exactamente el que viene de
vacaciones o no”.
Con ello, es posible
que personas como Diafyje, que pasó los
controles del aeropuerto en calidad de turista, lleven ya 13
años en una situación quebradiza. Aunque sea detenido, como veremos,
probablemente volverá a acabar en la calle para sucumbir a un círculo vicioso
de subsistencia diaria. Es el destino que jamás intuyó pero que siempre tuvo
que asumir.
La zozobra de los
problemas cotidianos que laten detrás de todos los vendedores como Diafyje es
persistente. “Tienen un estrés continuo a nivel personal muy malo de llevar.
Una angustia continua que se hace muy dura en muchas situaciones” explica
Barbara Picornell. Incluso el presidente
de ASEMA destaca este tormento que se produce por distintas aflicciones como
enviar dinero a su país, comprar el producto, la presión policial, la nostalgia
familiar, la soledad, no sentirse entendido y “la angustia que tienen todos los
ciudadanos de este siglo XXI para pagar sus facturas”.
“Roba cuota de mercado
a los comerciantes y daña la imagen”
Pero además, por si
fuera poco, a todo lo anterior se une otro
aspecto que intensifica, más si cabe, la presión sobre su actividad. Se
trata de las críticas por parte de los comerciantes. Entre ellos, está la Asociación
Empresarial del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (PIMECO). Su
responsable de Comunicación, Cristóbal Ripoll, explica que “aunque no
hay datos” esta práctica ilegal “roba
cuota de mercado a los comerciantes, daña la imagen de nuestros pueblos y de
nuestras calles”.
Por ello, desde la
patronal fijan a esta práctica irregular como su “caballo de batalla central” y
como “uno de los principales problemas que tiene el comercio en la isla” en una
situación “de fuerte crisis y de cierres constantes de comercios en Mallorca”.
De ahí que “toda actividad ilegal que suponga hacer menos caja es en estos
momentos un problema especialmente grave para ellos”.
Así las cosas, según
explica Ripoll, han estado en contacto con los alcaldes de Mallorca para
instarles a adoptar medidas como las que se propusieron el pasado verano a
todos los ayuntamientos, y que pretenden “concienciar al comprador” sancionando
tanto al que compra como al que vende. De momento solo Son Servera ha
acogido la medida.
Entretanto, otras
asociaciones creen que el problema va mucho más allá. Que estas medidas
propuestas por PIMECO no son correctas y no solucionan el problema de fondo.
Así lo cree Enriqueta Garrido (AIRCIB Y
ABVA), quien argumenta que este tipo de venta “no hace daño a nadie” y que si
los comercios se quejan es porque “no se han reciclado realmente y se ven
forzados a competir con la venta ilegal”.
Afirmaciones que,
según la patronal, son “extravagantes” porque aunque se tengan que reciclar
“jamás estará justificada una actividad ilegal”. Eso sí, reconocen que aquí hay
un “problema social” y explican que no tienen “ningún problema con el origen o
la condición de los vendedores ambulantes ilegales” sino que luchan “en contra
del comercio ilegal sea quien sea el que lo practique y cómo lo practique”,
afirma Ripoll.
Es decir, comprenden
el problema pero luchan por sus intereses. He aquí la cruzada de propósitos.
Los vendedores libran la batalla de la supervivencia y los comerciantes la de
no tener que echar el cerrojo para siempre o, como mínimo, la de no perder
ingresos. Ambos miran sus bolsillos.
Incluso Cáritas
reconoce este enfrentamiento. “Los comerciantes se quejan porque venden unos
productos similares y, además, pagan unos impuestos. Lo que genera un
conflicto”, explica Bàrbara Picornell.
Junto a todo, hay un
tema que nadie menciona pero que todos conocen. Un asunto que daña al comercio
legal y engorda la ya obesa economía sumergida. Cuando se trata de saber de
dónde provienen los productos, todas las fuentes consultadas apuntan al
comercio chino como el gran suministrador. Desde relojes, bolsos y gafas
falsificadas hasta mecheros, bolas de goma, gorros, figuras de madera, cd’s, y dvd’s,
entre otros. “Lo que quiera la gente”, afirma Dyafyje.
“El material sale de
los chinos. Aquí hay otro negocio”
Lo más vendido
son los bolsos y las gafas. Los primeros
los venden por diez euros y los compran por
la mitad. Las gafas, las venden por tres o cinco euros y las compran por
uno o dos. “El material sale de los
chinos. Aquí hay otro negocio. Lo compran a escondidas. ¿Tú ves en los chinos
marcas falsificadas? Van a las tiendas que tienen estos productos escondidos y
solo lo venden a aquellos que se dedican a esto”, señala la también
coordinadora del grupo comunitario Cáritas Mallorca, Catalina Mateu. El
propio Diafyje admite que compran el material en el “almacén de los chinos”. Y
lo hacen en grupo para conseguir mejores precios.
Solo en zonas como Pedro
Garau, según PIMECO, hay hasta 57
comercios del país asiátco cuando en el año 2000 había dos. Es decir, el número
de comercios chinos en Pere Garau se ha multiplicado por 28 en una década. Una
viva muestra del auge de estos establecimientos.
En este escenario, el secretario de ABVA
especula con que “si vas rascando hay mucha economía sumergida. Se sabe pero
nadie la ha visto. Hay alguien que la tiene que trabajar y hay alguien a quien
le interesa que haya ilegales aquí. Empecemos por ahí, es que todo es una
cadena” pero lo que pasa es que “los mal vistos son los negritos vendiendo
ropa”.
Es una polémica que
permanece oculta, en otro plano. Un
debate que no encierra ninguna solución. Como tampoco lo hace el problema que
late detrás: el de inmigración e integración social. Catalina Mateu, considera
que “el color de la piel aún les condiciona a pesar de estar en el año que
estamos” y que “externamente la
actividad que hacen ayuda a crear estereotipos alrededor de estas personas, que
están estigmatizadas”.
Por
ahora, las medidas actuales, fundamentalmente de corte policial, no ofrecen
demasiadas garantías para nadie. Cuando se detiene a un vendedor irregular,
según la jefa del Gabiente de Prensa de la Jefatura
Superior de Policía de las Islas Baleares, Janka Jurkiewicz González, “se
procede la incoación de un expediente de expulsión que debe resolver la
Delegación de Gobierno, estableciendo un periodo de prohibición de entrada en
España por un tiempo determinado. Posteriormente se intenta la ejecución de la
expulsión.” Un procedimiento que, según Cáritas Mallorca, en la inmensa mayoría
de ocasiones no se lleva a cabo por cuestiones económicas.
“¿Por qué
llevarlos a un centro de internamiento?”
Lo más
habitual, como explica Picornell, es que los detenidos acaben en un Centro
de Internamiento de Extranjeros (CIE) en el cual, por ley, solo pueden
estar retenidos 60 días. Pasado es plazo, se concede la libertad al
interno por la dificultad de acreditar
su identidad o nacionalidad que permitiría saber a qué país devolverle o por
falta de fondos.
Esta
situación ha llevado al Gobierno de Rajoy a priorizar la deportación de
aquellos que delinquen y no exportar a aquellos que puedan demostrar arraigo en
España. En este contexto, el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio
Ulloa, se preguntó recientemente ante la prensa “¿por qué llevarlos a un
centro de internamiento?” y planteó implantar
“mecanismos más suaves y proporcionales” teniendo en cuenta las duras
condiciones de estos centros.
Hasta el presidente de ASEMA admite que
“muchos tienen un expediente de expulsión y otros muchos acumulan multas que se
tienen que pagar”. De modo que, la solución al problema de fondo no parece
estar en las medidas policiales. Si los detienen acumulan sanciones o van dos
meses a un CIE para acabar donde estaban antes: en la calle, en una cultura
diferente, en un conflicto de intereses con los comerciantes y con la necesidad
de sobrevivir para cumplir con su familia. .
El futuro para Diafyje
no es muy prometedor a pesar de que él confía en que en un año pueda salir de
aquí. Desde Cáritas reconocen que las perspectivas son “muy malas” teniendo en
cuenta que lo que habría que hacer “de cara para mejorar la situación es
ofrecer más oportunidades. Algo irreal en un contexto en el que se rebajan las
ayudas y los servicios sociales”, afirma Picornell. De hecho, aquí la inversión
pública en servicios sociales es la más baja de España con 120 euros por
habitante, según la Asociación de Directores y Gerentes e Servicios Sociales
“¿Dónde está la
cohesión social?”
Ella asegura que “hace
cinco años la situación era impensable” y que “se han perdido muchos valores
por el camino”. Asimismo, advierte de
que ya hay muchos que “están muy desgastados porque llevan cinco o seis años sin
papeles, no han visto su familia y no pueden volver”.
Diagne, por su parte,
se muestra crítico al hablar de convivencia.
“¿Integrarme a qué? ¿A la sociedad individualista y consumista? Eso no
me interesa. ¿Dónde está la cohesión social? Me gustaría vivir en una sociedad
con valores, respeto, igualdad de trato, dignidad y obligaciones. Como no la
veo no tengo claro que la gente tenga idea de lo que es la integración. El
problema fundamental es la crisis de valores”, sentencia.
En conjunto, para Diagne “la venta ambulante va más allá de la
venta ambulante. La cuestión está en qué tipo de sociedad queremos construir
con tanta inmigración. Qué tipo de integración. Aquí están los problemas de
fondo que no interesan porque no dan votos”, explica. Es más, mantiene que “no
hay solución para la venta ambulante ni para la inmigración” ya que no se han
“tomado las medidas oportunas”.
Claro está que de
momento habrá que contar únicamente con las escasas labores de ayuda
humanitaria que realizan organizaciones como Cáritas , donde se reúnen con ellos para enseñarles la
lengua, culturas o derechos. “Tienen muchas ganas de aprender. Cuando montamos
cursos se llenan. Tienen ganas de salir de su casa y de dejar de pensar. Son
muy conscientes de la falta de expectativas”, recalcan desde Cáritas.
Anatol Rohé (3º de
periodismo) Es Mascle Ros